La fuga de capitales no tuvo relevancia en los debates públicos hasta la irrupción de los Panamá Papers, que en la Argentina involucraron al presidente Mauricio Macri. La centralidad que obtuvo la investigación del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación, cuyo documento se conoce como los Panamá Papers, representa una oportunidad para instalar el debate sobre la importancia de la fuga como uno de los factores que refuerzan la desigualdad y plantear nuevas formas de detectar y sancionar este tipo de prácticas.

Por Alejandro Gaggero*

(para La Tecl@ Eñe)

Desde hace décadas la fuga de capitales es una de las principales trabas para la economía argentina, un fenómeno protagónico en las principales crisis que vivió el país. A pesar de su importancia, durante años la fuga no tuvo un lugar central en los debates públicos y ni siquiera ocupó una posición destacada en la agenda de investigación académica. Esto parece haber cambiado desde hace unos meses a partir de las filtraciones de Panamá Papers, que en Argentina involucran al presidente y a algunos de los principales referentes del partido gobernante. Más allá de las eventuales implicancias electorales -e incluso judiciales- que pueda tener, representa una oportunidad para instalar el debate sobre la importancia de la fuga como uno de los factores que refuerzan la desigualdad y plantear nuevas formas de detectar y sancionar este tipo de prácticas.

Argentina, un caso paradigmático: El capital se fuga y la deuda crece

La fuga es la salida de capitales de los residentes de un país originada en el intento de escapar de regulaciones estatales o de la consecuencia de políticas públicas. ¿Por qué es tan nociva? En primer lugar, se trata de un flujo de recursos que deja de ser invertido en el país de origen y, por lo tanto, no incrementa su capacidad productiva ni su fortaleza financiera. El efecto adverso aparece agravado por el hecho de que las principales perjudicadas son economías periféricas, que suelen enfrentar dificultades para aumentar sus niveles de inversión; por lo tanto, la fuga también incrementa las necesidades de endeudamiento en el exterior de estos países y los costos de hacerlo. Argentina en este sentido es un caso paradigmático: fuga y deuda van de la mano. Por otra parte, si bien no toda la fuga es necesariamente ilegal, la evidencia muestra que una proporción mayoritaria de ella está vinculada a actividades ilícitas o, en el caso de las legales, asociada algún tipo de evasión impositiva. Esto deteriora la situación fiscal de los países que la padecen y, por otro lado, tiene un efecto regresivo en la distribución del ingreso, ya que la evasión de las empresas y de las personas de altos ingresos atenta contra una mejora en la distribución primaria a través de las políticas sociales estatales.

Al estar vinculada al secreto y la evasión, es difícil saber el monto total de los capitales de argentinos en el exterior. El número oficial llega a 230 mil millones de dólares,  pero estimaciones recientes elaboradas por TJN y Cefid-Ar señalan que en la actualidad sería de aproximadamente el doble, cifra que equivale a algo menos de un PBI del país. Es decir, los argentinos tendrían invertido en el extranjero casi el equivalente a todo lo que el país produce durante un año.

Los principales actores de la fuga de capitales y su rol en los Panamá Papers

Las distintas filtraciones de información que surgieron del sistema financiero internacional (por ejemplo, las de Hervé Falciani del HSBC, Hernán Arbizu del JP Morgan y ahora los Panamá Papers) y el trabajo encargado por el Congreso sobre la crisis de 2001 muestran que los principales fugadores de Argentina son, en primer lugar, los actuales propietarios de grandes empresas y grupos económicos; y en segundo, las familias que durante las últimas dos décadas vendieron sus firmas al capital extranjero. Los apellidos Fortabat (ex propietarios de Loma Negra), Acevedo (ex propietarios de Acindar), Frávega, Pérez Companc, Madanes (propietarios de Aluar), Herrera de Noble (Clarín), entre otros, aparecen liderando los listados.  Macri, a pesar de integrar uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina, no había figurado en las fuentes disponibles hasta el caso de los Panamá Papers, en el cual  aparece vinculado a las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD. Esta última fue creada en 1998 para que el grupo familiar realizara inversiones en Brasil. Pese a que el mandatario afirmó inicialmente que la empresa se creó para una operación que nunca se concretó, recientemente salió a la luz que estuvo activa hasta 2007 controlando inversiones en el país vecino.

Además de las personas que fugan, el otro actor central en el proceso es el de las guaridas fiscales, verdaderas jurisdicciones del secreto financiero, que les permiten a los inversores evitar que sus cuentas o propiedades sean detectadas por el fisco o la justicia de sus países de origen. Cabe resaltar que la mayoría de estos distritos están vinculados a los países centrales, como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, entre otros. Tal como señaló Magdalena Rúa en un trabajo reciente, de las 4000 cuentas bancarias no declaradas en el banco HSBC de Suiza de contribuyentes argentinos, la AFIP detectó que las jurisdicciones donde se localizaron las sociedades offshore y trusts que se interpusieron con la finalidad de impedir al fisco el acceso a la información fueron: Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay, Guernesey, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bahamas y España.

En el caso de las firmas de la familia Macri, la empresa Fleg Trading LTD estaba radicada en las Bahamas, era presidida por Franco y Mauricio figuraba como director. Aprovechando los beneficios de esta guarida fiscal, la empresa emitió acciones al portador, con lo cual se vuelve prácticamente imposible determinar quiénes fueron los propietarios efectivos. Por eso la defensa del presidente se basó en argumentar que él no era accionista de la firma ni recibía honorarios por su rol de director, y por eso no tenía que declarar la firma. Es importante destacar, sin embargo, que las empresas radicadas en países como Bahamas están habilitadas para abrir cuentas en otras guaridas fiscales, siendo los directivos de la firma las personas que pueden decidir sobre posibles movimientos de fondos. Con la información disponible hasta el momento no sabemos si Fleg Trading tenía cuentas bancarias, y si las tuviera, si la empresa autorizó transferencias a algunos de sus directores.

Los facilitadores

Por último, el tercer actor necesario para la fuga es el de los “facilitadores”: bancos, firmas de auditoría, estudios contables, u otras firmas  que se encargan de edificar la ingeniería financiera y contable para sacar los capitales del país. El actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, constituye un buen ejemplo del profesional vinculado a esta actividad. Durante años se desempeñó como directivo de JP Morgan y luego como titular de la firma de asesoramiento financiero Tilton Capital, encargada de diseñar la salida del país de los fondos recibidos por la familia Fortabat por la venta de la empresa Loma Negra. Otro ejemplo local es el del  banco BNP Paribas, que en estos días volvió a ser noticia. La Cámara del Crimen ordenó avanzar en la investigación por lavado de activos que lo involucra, en relación a operaciones realizadas entre 2001 y 2008 por unos 1.000 millones de dólares.  En el caso de Fleg Trading de la familia Macri, la empresa fue creada por el estudio Mossack Fonseca, uno de los principales estudios legales especializados en servicios corporativos de Panamá.

Políticas que no auguran optimismo

La política del gobierno asumido el 10 de diciembre no da lugar para ser optimista: nombró como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) a María Eugenia Talerico, quien durante años se desempeñó como abogada del HSBC en causas abiertas por la gestión anterior del mismo organismo. Tampoco resulta alentadora la nueva propuesta de blanqueo de capitales (¡otro  más!), en un país donde los perdones se repiten debido a la debilidad de los gobiernos, que necesitan obtener dólares de alguna manera o aumentar la recaudación. La contracara de estas políticas se ve en la ciudad de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Codau acaba de decretar que el ayuntamiento no contratará a empresas que desvíen fondos a paraísos fiscales con la intención de evadir sus obligaciones tributarias u otras actuaciones delictivas. La normativa también obliga a las empresas a declarar en fase de licitación si tienen relaciones con paraísos fiscales. Si las compañías declaran que las tienen, deberán aportar “documentación que explicite el carácter de estas relaciones y la información que no sea confidencial se publicará en el perfil de contratante” del Ayuntamiento (eldiario.es, 20-5-2016).

Buenos Aires, 3 de junio de 2016

 *Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM) y del CONICET